1. Esta Junta Nacional cobra una importancia política crucial, porque es la primera que realizamos tras la elección que llevó a la derecha a la Moneda. La primera donde los democratacristianos examinamos y juzgamos la derrota. La primera donde fijamos nuestra posición frente al nuevo gobierno. Y la primera donde acordamos qué camino tomar y cómo recorrerlo.

2. Ninguno de estos asuntos puede ser abordado con independencia del otro. Y ninguno puede ser tratado con neutralidad, ya que toda explicación de la derrota tiene efectos sobre la estrategia futura, y todo diseño estratégico determina el tipo de oposición, de partido y de alianzas que se postule. Por eso, hay que saber distinguir las causas fundamentales de la derrota, pues, aunque suelen verse oscurecidas por las urgencias de la contingencia, son ellas las que con el paso del tiempo acaban imponiéndose y marcando el rumbo de los acontecimientos.

3. Mañana, los gobiernos de la Concertación serán reconocidos por su signo republicano, democrático y progresista. Y cuando las futuras generaciones miren hacia atrás, verán el fin de este período del mismo modo que nosotros observamos hoy los decenios conservadores del siglo xix, o sea, como el agotamiento de un ciclo histórico, aquel que se inicia a mediados de los años ochenta, con la movilización de las fuerzas democráticas, y que concluye hacia el Bicentenario, con los primeros balbuceos de una sociedad de derechos y protecciones.

4. Ahí, en esos 25 años de historia, los hombres y mujeres del futuro hallarán las razones del éxito y del fracaso de la centroizquierda chilena. En ese trozo de memoria descubrirán el antecedente que mejor explica las limitaciones y posibilidades de este amplio arco de fuerzas.

La Concertación movilizó grandes sueños y esperanzas, pero no fue pensada para cambiar las estructuras sociales de Chile, y, ¡definitivamente!, no fue imaginada para ser gobierno por el curso de dos décadas. Fue una alianza creada para restablecer la democracia, las libertades, los derechos humanos, y la dignidad esencial de nuestro pueblo. No obstante, hizo suyo el compromiso de transformar el país y, a contrapelo de las tutelas autoritarias, llevó a cabo su desafío reformador a través de cuatro administraciones sucesivas. En la práctica, debió aprender a construir acuerdos de gobernabilidad y a concordar sus bases programáticas. Debió aprender a seleccionar sus liderazgos, y a sobrellevar la tensión siempre latente sobre el carácter, la profundidad y la velocidad de los cambios que debía emprender.

Cómo ignorar que su proyecto alternativo fue siempre un tema de debate. Cómo olvidar que si bien logró imponer un modelo político para la transición, éste nunca fue acogido como un diseño único, inmutable y rector de los cambios que sobrevendrían. Tampoco el modelo económico nacido de la democracia de los consensos, fue asumido sin reservas como la estrategia de desarrollo que debían seguir los gobiernos de la Concertación. ¡Qué mejor prueba de ello que la controversia abierta entre los llamados autocomplacientes y autoflagelantes!  Esto provocó conflictos, desafecciones y renuncias que empujaron a la coalición por senderos de indefinición y, muchas veces, de parálisis.

Quiebres hubo en los partidos políticos y en las organizaciones sociales. En el Parlamento y en el Gobierno. Entre los dirigentes y sus bases. A estas fisuras se sumaron otros males de la política, como la corrupción, la banalización, el nepotismo, el caciquismo, y el consecuente desprestigio del servicio público. Así se fue erosionando la unidad, la disciplina y la fortaleza numérica del conglomerado, hasta culminar en el funesto desenlace electoral de enero.

5. Ahora se inicia un nuevo ciclo, y debemos actuar en consecuencia. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tomar la decisión correcta? En momentos como estos Tomic aconsejaba plantearse dos preguntas esenciales: «¿Contra qué luchamos?» «¿Y a favor de qué luchamos?»

Desde la fundación de la Falange, los democratacristianos justificamos nuestra acción en la lucha secular contra el orden que reproduce la injusticia, la servidumbre y el egoísmo. Hoy como ayer, luchamos contra el rostro inhumano del neoliberalismo. Este que, pese a la obra reformadora de la Concertación, sigue generando pobreza, exclusión social, escandalosa distribución del ingreso, concentración del poder económico, explotación del esfuerzo de mujeres y jóvenes, trabajo indigno, desorganización de la sociedad civil, destrucción sin reservas del medio ambiente, y expoliación de los recursos naturales. Luchamos contra los ancestrales desequilibrios territoriales que impiden el desarrollo de las regiones. Luchamos contra el régimen constitucional que impone una democracia restringida, sin participación, y sin posibilidades de afectar radicalmente las estructuras de la injusticia, de la opresión y del individualismo.

¿Y a favor de qué? ¿Cuál es el contenido de la sociedad que aspiramos construir?

Hace mucho que venimos luchando por un Chile para todos. Un Chile respetuoso de los mandatos emanados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquel formidable cuerpo institucional donde ha quedado plasmada nuestra concepción moral de la persona humana. En ella vive el humanismo integral de Jacques Maritain y, gracias a ella la conciencia moral nos eleva al nivel superior de desarrollo que entrañan los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy, tales derechos son el requisito para la conquista de la libertad, la autonomía y la realización de hombres y mujeres. Y nosotros luchamos para que sean garantizados como protecciones mínimas de salud, vivienda, educación, alimentación, abrigo, cuidado, previsión.

Luchamos a favor del trabajo decente, y por el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. En pro de una sociedad civil fuerte, movilizada y facultada para deliberar sobre los grandes temas de la política pública. Por una estrategia de desarrollo que, cuidando nuestro patrimonio nacional y nuestro medio ambiente, permita crecer y distribuir el crecimiento, y que esto se traduzca en verdadero progreso para nuestro pueblo. Luchamos por una nueva Constitución Política, más democrática y más participativa, que devuelva a su origen la plena soberanía popular, y que rescate a las formas civilizadas y pacíficas de convivencia de caer en el descrédito y el olvido.

6. Si hemos de triunfar en esta lucha, ello sólo será posible a través de la formación de una mayoría política y social amplia, fuerte y movilizada. Esa mayoría probada a través de los años y encarnada en la cultura política de Chile, es la Concertación, la alianza de centroizquierda heredera de la tradición democrática y popular del siglo xx. A la Concertación nos liga el futuro. Los valores humanistas de la justicia, la solidaridad, la libertad y la tolerancia. Una visión común de la reforma constitucional y de los medios para alcanzarla. La aspiración a un Estado democrático y social de derecho que se concreta en una economía justa y solidaria, y en un pacto de amplia convergencia social. Nos unen las políticas de vida que ponen freno moral a la utilización de seres humanos para la investigación científica, la clonación, al soporte vital de personas en estado vegetativo, la manipulación genética, o la producción y distribución de los beneficios derivados del desarrollo científico y tecnológico. Y una noción de las relaciones internacionales basada en la cooperación con nuestros vecinos, la unidad latinoamericana, la globalización de las instituciones democráticas y de los derechos humanos, y la solidaridad con los pueblos pobres del planeta.

Aquí está nuestro lugar, y aquí también nuestro desafío de renovación. Muy lejos de la nostálgica exaltación del partido de centro, y de su recurrente propensión al camino propio, impostura política que, no dejaremos de repetirlo, se muestra prácticamente inviable bajo las condiciones impuestas por el sistema binominal. Lo decimos con absoluta claridad: ¡No somos tributarios ni queremos ser padres de una nueva centroderecha! 

7. Por convicción y responsabilidad democráticas, haremos una oposición firme y sin ambigüedades. El país está cansado de componendas que le impiden avanzar, y desaprueba aquella asimétrica idea de gobernabilidad que, mientras aconseja el entendimiento con la derecha, condena cualquier diálogo con la izquierda.

El reciente mensaje del 21 de mayo no ha hecho más que confirmar nuestra actitud frente al Gobierno. Esa primera cuenta pública a la nación revela la falta de proyecto país que se oculta tras las palabras modernización, desarrollo y unidad nacional. Y lo que es más preocupante en esta hora de definiciones: en su discurso el Presidente de la República no ha sabido decir a los chilenos lo que quiere hacer en materia de relaciones exteriores, cambios institucionales, estrategia de desarrollo productivo y tecnológico, protección del medio ambiente, seguridad energética, reforma educacional, y agenda de valores. En subsidio, ha formulado un conjunto de anuncios de gran impacto mediático, tales como la gradual eliminación del 7 por ciento de los jubilados o la inscripción automática; iniciativas de la Concertación otrora resistidas tanto por neoliberales como por conservadores, y que ahora son apropiadas para ser cumplidas en forma lenta y dosificada. Más que un plan de gobierno, lo que aquí se observa es el propósito táctico de vigorizar la precaria unidad de la Coalición por el Cambio, moderar la crítica ciudadana al plan de reconstrucción, y fortalecer en el campo opositor las posiciones de poder de los grupos proclives al oficialismo.

Pero esto no nos confunde. Apoyaremos al Gobierno en todo aquello que, en concordancia con las resoluciones del Quinto Congreso, fortalezca los derechos y protecciones de los trabajadores, de los pequeños y medianos emprendedores, y de los grupos más vulnerables de la población. En todo aquello que promueva la organización y la participación de la sociedad civil. En todo aquello que vigorice el sistema democrático. Y en todo aquello que corrija los desequilibrios e injusticias de la actual estrategia de desarrollo.

Lo enfrentaremos sin vacilaciones toda vez que sus iniciativas signifiquen una pérdida de los estándares de seguridad y protección alcanzados, un retroceso en los derechos de los trabajadores, un repliegue de la participación y del desarrollo de las instituciones democráticas, o un paso atrás en la desconcentración de la propiedad y en la separación de los negocios de la política.

Ahora mismo, denunciamos ante el país las sistemáticas expulsiones de funcionarios públicos de la administración. Las denunciamos por ser arbitrarias y estar reñidas con los acuerdos de modernización del Estado, sancionados por el Congreso y por todos los partidos políticos. El presidente nacional de la Democracia Cristiana, y los presidentes de partidos de la Concertación, deben solicitar audiencia y representarle al Presidente de la República, la inconveniencia de persistir en estas medidas, y la necesidad de revocarlas a la brevedad.

8. Somos un partido de vocación y raigambre nacional y popular. Y aspiramos a constituirnos en la fuerza de vanguardia de las transformaciones políticas, sociales y económicas del Chile del Bicentenario. Para alcanzar esta meta, exhortamos a los camaradas de la Junta Nacional del partido a respaldar las siguientes propuestas políticas:

Primero.― Asumir en toda su complejidad y consecuencias, el diseño político estratégico emanado del Quinto Congreso Nacional del Partido Demócrata Cristiano. Dicho esfuerzo es el fruto de la participación más amplia y unitaria del partido que se haya verificado en la última década. Ha dado origen a variadas políticas gubernamentales. Ha orientado las propuestas programáticas de nuestra candidatura presidencial. Y la mayor parte de sus recomendaciones de política ha sido pensada para ser ejecutada antes del año 2027.

Segundo.― Conforme al mandato del artículo 30 del Estatuto, formular la convocatoria y designar la comisión organizadora del Sexto Congreso Nacional Programático de la Democracia Cristiana, el que deberá efectuarse la segunda mitad del año 2011.

Tercero.― Promover, a través de la reforma de estatutos y la celebración de los respectivos procesos de participación electoral, la democratización más amplia y profunda del partido, la que debe contemplar un control efectivo sobre los recursos que intervienen en las campañas políticas, y un claro rechazo al principio de «elegibilidad» basado en la capacidad económica y financiera de los candidatos. Un proceso tal deberá dar por resultado la revalorización de los deberes y derechos del militante para generar y controlar a las autoridades partidarias en todos los niveles de decisión orgánica; para seleccionar a los candidatos del partido en todos los ámbitos de representación popular; y para ser consultado sobre las orientaciones de la política local, distrital, regional y nacional que impulse la Democracia Cristiana.

Cuarto.― Armonizar las propuestas de reforma de estatutos para que por única vez, el próximo 29 de agosto, se realicen todas las elecciones fijadas para el segundo semestre de este año.

Valparaíso, 29 de mayo de 2010.